Piden anular obligación de vender viviendas al Gobierno

Piden anular obligación de vender viviendas al Gobierno   7/2/2013 El Nacional

Vecinos forman la asociación civil Frente de Vecinos Unidos con Propiedad para agilizar la protocolización de los apartamentos Vecinos de los conjuntos residenciales El Encantado, La Hacienda, Encantado Humboldt y Auyantepuy, que están ubicados en Macaracuay, Caracas, entregaron en la Procuraduría General de la República un documento en el que exigen la nulidad de la resolución emitida por el Ministerio de Vivienda y Hábitat, en la cual establece que los inmuebles de los urbanismos intervenidos o expropiados a partir de 2010 sólo podrán ser vendidos a la Inmobiliaria Nacional durante los primeros cinco años desde la fecha de protocolización.   En el pliego detallan porqué consideran que la medida viola sus derechos a la propiedad privada y aluden las razones por las cuales el Gobierno no puede reservarse el derecho de preferencia ni imponer condiciones o limitar la venta a terceros.   Uno de los propietarios informó que los consejos comunales decidieron constituirse en una asociación civil denominada Frente de Vecinos Unidos con Propiedad para agilizar la firma de los inmuebles pendientes por protocolizar. También señaló que “de ningún modo aceptarán que se aplique la retroactividad de la ley”.   La resolución afecta a más de 5.000 familias de la clase media, algunas de las cuales compraron hace 5 años y ahora tienen otros planes como vender para comprar una vivienda más amplia o en otra zona.   Aseguró que los apartamentos del Conjunto Residencial Auyantepuy no han sido protocolizados, pero los propietarios los han tomado para evitar que personas ajenas se los invadan, tras años de espera a que se defina la fecha de entrega.   “A 40 propietarios que estaban por concretar la venta de sus inmuebles les rechazaron la firma del documento en el registro. La medida ha coartado su libertad en cuanto a qué hacer con su propiedad”, afirmó una de las vecinas de El Encantado. Oficial. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, afirmó el domingo que la medida busca garantizar la justicia social, ya que las personas estafadas lograron recibir sus viviendas tras la actuación del Ejecutivo, que los defendió de las empresas privadas que incumplieron los contratos de venta, lapsos, precios y condiciones acordadas. Rechazó que ahora algunos propietarios pretendan comercializar las casas a precios especulativos, reportó AVN. "El Estado intervino para garantizar el derecho a la vivienda, para proteger los derechos de quienes querían hacer de la vivienda una mercancía", dijo Molina.   Explicó que la banca aportó los recursos para concluir las obras por instrucción del Gobierno, que garantizó los materiales, maquinarias y los profesionales para finalmente entregar las viviendas a sus legítimos compradores.   En caso de que la familia necesite vender la vivienda puede hacerlo al ministerio, a través de la Inmobiliaria Nacional. "Se actualiza el precio, para resarcirle el esfuerzo que significó dar ese dinero en aquel momento", declaró a su salida de una reunión con constructores privados.